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Órganos Constitucionalmente Autónomos ¿Se ha modificado la teoría de la división de poderes? PDF Imprimir E-mail

La teoría clásica de la división de poderes ha sido concebida en una escala tripartita en la que las funciones del estado pueden ejercerse por un ente ejecutivo, otro legislativo y, por último un judicial.

Ubicando esta teoría clásica en la República Mexicana, he de mencionar por honestidad académica, que cuando pregunto a mis alumnos e inclusive en alguna charla entre abogados o licenciados en derecho[1], ¿cuántos poderes existen en México? Casi en su mayoría responden tres, afirmando después 1. Ejecutivo. 2. Legislativo y, 3. Judicial; siendo que de una simple lectura del primer párrafo del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible afirmar que en México sólo existe un poder y este es el Supremo Poder de la Federación, para mayor claridad transcribo el artículo supra citado:
 

 

“Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Entonces, válidamente puede aseverarse que existe un solo poder y que para su ejercicio se divide en tres; sin embargo, es a finales del siglo XIX, cuando se teoriza una evolución de esta división de funciones, siendo hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando surgen en la praxis constitucional.

Así, en la actualidad se habla de que la totalidad de las funciones estatales no pueden incluirse en las legislativas, ejecutivas o judiciales, es decir, existen entes públicos que sin pertenecer a ninguno de los mencionados, ni tener una relación de supra subordinación con estos, realizan funciones estratégicas para el país.

Estos entes públicos han sido denominados de diversas maneras, verbigracia: Administraciones independientes, autoridades independientes, agentes independientes, órganos constitucionales autónomos, organismos públicos autónomos, refiriéndome sólo a unos cuantos, ahora, para efectos de este artículo usaré la denominación órganos constitucionalmente autónomos.

Es obligado responder a la interrogante ¿Qué son los órganos constitucionalmente autónomos?, para el que esto escribe, son entes públicos creados por la Constitución Federal (inclusive constituciones locales), que sin depender de los depositarios tradicionales del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) realizan funciones prioritaria del estado, con plena autonomía.

Sentado lo anterior, es menester precisar las características de estos órganos, al respecto Miguel Carbonell refiere[2] las siguientes:

“(…) se puede decir que los órganos constitucionales autónomos a) son creados de forma directa por el texto constitucional; b) cuentan con una esfera de atribuciones constitucionalmente determinada, lo cual constituye una garantía institucional que hace que tal esfera no esté disponible para el legislador ordinario (…); c) llevan a cabo funciones esenciales dentro de los estados modernos y d) si bien no se encuentra orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a ningún otro órgano o poder, sus resoluciones –a menos que se traté de órganos límite, como lo puede ser un tribunal constitucional- son revisables según lo establezca la constitución de cada país (…)”.

Por su parte Ileana Moreno Ramírez[3], en síntesis ubica las características de los órganos constitucionalmente autónomos en las siguientes: a) Configuración inmediata por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Componente fundamental de la estructura constitucional; y c) Participación en la dirección política del estado.

Por último, he de mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 32/2005, en jurisprudencia determinó como características de los órganos constitucionalmente autónomos, las siguientes: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Como conclusión he de decir que el estado mexicano no permanece ajeno a la evolución del derecho constitucional moderno, prueba de ello es la inclusión y reconocimiento de los órganos constitucionalmente autónomos en nuestra carta política y cada vez más en las constituciones de las Entidades Federativas, por citar algunos de estos tenemos: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Instituto Federal Electoral.

 

Autor: Felipe Rangel

[1] Para el que esto escribe las connotaciones son diametralmente distintas entre un abogado y un licenciado en derecho.

[2] Miguel Carbonell. Elementos de Derecho Constitucional. México. 1ª Edición, 2ª Reimpresión, Editorial Fontamara, 2009. P. 105.

[3] Moreno Ramírez Ileana. Breviarios Jurídicos. Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano. México. 1ª Edición, Porrúa, 2005.

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